“Nos mataron”.- El presidente de Pueblo Unido, Gumersindo Parajón, exculpó a sus socios de la coalición Alternativa Popular -el Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Partido Comunista Revolucionario- por los magros resultados obtenidos en los comicios del domingo. “Asumo toda la responsabilidad de la derrota de este frente”, señaló, quien fuera candidato a gobernador por el espacio. No obstante la admisión, el “Mencho” apuntó contra el sistema electoral vigente. “Nos mataron los acoples y los aparatos, la polarización (entre Juan Manzur y José Cano) ha dado resultado. Hay que derogar esta nefasta ley electoral para fortalecer la democracia; mientras exista, jamás las elecciones serán limpias”, fustigó.

Efusivo abrazo de Manzur.- Los concurrentes al Salón Blanco de la Casa de Gobierno la madrugada del lunes no pudieron evitar notar el estrujante abrazo que el gobernador electo -según guarismos extraoficiales-, Juan Manzur, le regaló al secretario de Políticas y Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Tucumán, José Hugo Saab. Este mantiene una muy buena relación con el manzurismo y, en especial, con el alperovichismo.

Un radical pide que se abran las urnas.- El concejal de San Miguel de Tucumán José Luis Avignone (Unión Cívica Radical) juraba que los guarismos de las planillas de sus fiscales no eran los que difundían desde la Junta Electoral Provincial. A raíz de ello, exigía que se revise todo con lupa. “Vamos a pedir la apertura de todas las urnas; porque los números que se están dando a conocer a la población no coinciden ni remotamente con los que tenemos nosotros”, afirmó.

Clamor por el voto electrónico.- El legislador José Páez (Democracia Cristiana) lanzó severos cuestionamientos contra el sistema electoral que rige en la provincia. “Ratifico la crítica que oportunamente hice al sistema electoral del papel, propio de principio del siglo pasado. En la Convención Constituyente de 2006 fui yo quien propuso el voto electrónico, y fui consecuente luego, porque presenté un proyecto de ley en este sentido”, señaló. Seguidamente, se sumó a la ola de denuncias, por anomalías que se habrían registrado durante los comicios. “La primera irregularidad fue la de siempre: entrega de bolsones y voto en cadena; ambas cosas se verificaron. A eso hay que sumarle el sistema informático, con el que se adulteraba la toma de datos”, indicó. Precisamente, sobre este punto estribó para denunciar que observan una diferencia importante entre los guarismos consignados en las planillas que llenaron sus fiscales de mesa y los datos difundidos por el sitio oficial: “de acuerdo a nuestros cálculos, nosotros deberíamos ingresar a la Legislatura; por eso nos sorprende que no estemos entrando, según los datos parciales. Es absolutamente extraño”.

“Prácticas mafiosas”.- “Lo último que le faltaba al alperovich-manzurismo era esta maniobra delictiva de querer traicionar la voluntad de los tucumanos para intentar perpetuarse en el poder. Comenzaron a preparar la mentira difundiendo datos de un triunfo inexistente para confundir a la ciudadanía. Y luego, de noche, como los delincuentes se autoproclamaron ganadores con un festejo fingido, con fuegos artificiales y para la televisión, pero de espaldas al pueblo”, aseguró el legislador Fernando Valdez. El parlamentario convocó a la ciudadanía “a defender el resultado de las urnas que dieron ganadora a la fórmula del Acuerdo para el Bicentenario”. “Exigimos que se abran las urnas y se respete la voluntad del pueblo”, añadió. “De ninguna manera vamos a tolerar que luego de 30 años del retorno de la Democracia de la mano de don Raúl Alfonsín, una banda de mafiosos e irresponsables nos devuelvan a las prácticas de la Dictadura”, planteó el legislador, que fue reelecto el domingo.

Repudio de ADEPA.- La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) condenó “enérgicamente las agresiones sufridas este fin de semana por el camarógrafo Jorge Ahualli, del canal de cable CCC, de Tucumán, cuando filmaba el reparto de bolsones en pleno proceso electoral”. “Primero fue en Tucumán. Luego, en Rosario. En un caso, violencia política; en el otro, violencia del crimen, quizá vinculado al narcotráfico. En ambos, ausencia del Estado para garantizar el trabajo de periodistas que buscan informar a la ciudadanía. Y todo ello, con el contexto de un discurso oficial que descalifica la labor de la prensa; que desacredita la tarea de quienes ejercen el oficio; que en definitiva avala, por acción u omisión, la confrontación con los medios de comunicación y con quienes a llí desempeñan sus labores”, afirmó.